El código ético de IU

art 8. Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por  un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos público o privados, malversación y apropiación de caudales públilcos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género, cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria.

Este código ético fue aprobado por el consejo político federal el día 16 de diciembre de 2006. Después de su lectura quedan pocas dudas sobre las consecuencias que han de derivarse de las noticias aparecidas ayer en los medios de comunicación.

Este código ético lo aprueba IU como compromiso político con la ciudadanía. No es un brindis al sol, no es una nota de prensa; es la garantía del compromiso de coherencia de una fuerza política que se reclama transformadora y que, por tanto, actúa en política de manera distinta a como otros lo hacen.

Uno de los principios de acción política y organizativa de IU es la igualdad de género. Es nuestra posición feminista la que nos guía en esa búsqueda de la igualdad, desde esa perspectiva, la violencia de género es inaceptable, y el acoso sexual es violencia de género.

No tenemos pronunciamiento alguno sobre la veracidad de los hechos denunciados, pero sí entendemos, como lo hace nuestro código ético, que la imputación de un dirigente en un delito de estas características, obliga a tomar decisiones inmediatas. Decisiones que preserven la coherencia de la fuerza política que representamos y permitan al conjunto de dirigentes y cargos públicos seguir defendiendo que, en materia de igualdad de género, lo personal es político.

Por eso, no hay otra posible salida a esta situación que la dimisión de Miguel Reneses de todos sus cargos institucionales y políticos hasta que se aclare el proceso judicial en el que se encuentra inmerso, pudiendo volver a sus cargos en caso de ser absuelto. Esta es nuestra opinión y la de mucha más gente.

María Espinosa y Tania  Sánchez
Diputadas de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid.

 

 

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#vuelveTeleK, una vez más TeleK no se corta

“Se hace necesario regular, ordenar, con la intención de proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opinión.” -Preámbulo de la Ley 7/2010 General Audiovisual.

Con esta referencia legislativa iniciaba el pasado 27 de julio su columna en el diario público Isaac Rosa, en ella declaraba su adhesión a la campaña SOS TeleK que se inició este verano y animaba a los lectores de Público  a respaldar un proyecto único e imprescindible, en una TDT  madrileña copada por la caverna mediática.

Desde Julio hasta diciembre, la campaña SOS TELEK ha logrado  recaudar 35.000 euros, de los que una buena parte son aportaciones  individuales, de personas  que se comprometen a formar parte de  la asociación de amigos de TeleK, y la luchar por la pervivencia de este proyecto; personas que están más que preocupadas por la deriva monocromática de la información en este país.

La pervivencia de TeleK, aunque muchos tengan que seguirla por internet porque sólo tiene emisión en la TDT madrileña, debe ser un ejemplo de que es posible y urgente asumir como un reto colectivo la necesidad de poseer espacios comunicativos que se diferencien de los grandes medios, culpables reales de la crisis del periodismo y que ocultan sistemáticamente las alternativas a esta crisis social y política.

 

La precariedad de los trabajadores de los grandes medios, la compra de las principales cabeceras por potentísimos emporios comunicativos internacionales al servicio del capital financiero, el cierre de CNN+, la posible  desaparición de público… por desgracia, no  son  algo nuevo, no es ni una consecuencia más de la crisis económica, son el síntoma de algo  más grave, es la puntilla final a un lento e implacable proceso de desaparición de la pluralidad informativa, algo imprescindible en democracia.

No es casual, no es que la gente esté loca, sino que, como bien explicaba Javier Couso, en la batalla de la comunicación y la cultura, la izquierda, vamos perdiendo, el concepto de democracia, de libertad, de derechos, de periodismo, son hoy lo contrario de lo que fueron. Nos urge reaccionar, combatir  la neo lengua, recuperar el significado de las palabras.

Escribía Luis García Montero en su magnífico libro Inquietudes Bárbaras, que hay momentos de crisis en los que los ciudadanos que reclaman el ejercicio de sus derechos, son vistos cómo seres peligrosos, casi revolucionarios; esto es lo que caracteriza la crisis que vivimos, exigir que los poderes públicos velen por el cumplimento de un principio de pluralidad informativa se ha convertido en una extrañeza, y frente a eso, hoy, no basta con seguir denunciando, hay que empezar a generar alternativas al margen de los poderes públicos que han olvidado proteger el ejercicio de los derechos fundamentales.

En estos tiempos de crisis cultural, social y política ya no es posible esperar soluciones de otros, hay que tomarlas, aunque sea al asalto. Aprendamos del ejemplo de TeleK,  dieciocho años después de sus inicios, con múltiples y repetidos intentos de cierre, no se corta, ni se cortará. Desde aquí mi apoyo,  mi reconocimiento a toda la gente que lo hace posible, y un llamamiento a todos y todas a seguir apoyándolo.

Hoy es un buen día para  no seguir el tema del día. Esta tarde, no hablemos de muertos y pasados reescritos, hablemos de proyectos vivos y futuros por escribir. A las 19:00 no os perdáis la emisión de vuelta: seguidla, difundirla, twitearla, que se sepa que #vuelveTeleK.

*En el canal 30 de TDT si vivís en Madrid, y en la página http://www.vallecas.org/ para el resto del mundo.

 

 

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Políticos honestos, aunque perseguidos por la justicia.

En estos primeros días del año, repletos de causas judiciales abiertas contra políticos corruptos y monarcas estafadores, conviene conocer que hay otro tipo de gente que hace política, que a pesar de los intentos de muchos de hacer una tabla rasa que sólo beneficia al sistema. Hay gente que se implica en hacer política sin más interés que el bien colectivo.

Esa gente, que ni siquiera cobra ni una dieta o salario por representar a sus vecinos y vecinas en las juntas de distrito de una ciudad, tan poco agradecida para estas cosas como la de Madrid.

Esa gente, que no se la conoce más allá de las asociaciones de vecinos de sus barrios, de las plataformas de las justas luchas, de las asambleas de barrio, esos movimientos que el PP tanto gusta de arrinconar, difamar, dividir, asfixiar hasta lograr su hundimiento.

Esa gente, por desgracia, también tiene procesos judiciales abiertos; procesos en los que no se escucharán a  sastres acusando al político de no abonar sus trajes, ni a constructores afirmando que pactaron comisiones millonarias en gasolineras a cambio de laxas licencias; en los juicios de esa gente, a quienes oiremos como acusadores, será a dos agentes de policía y una concejala del PP

Policías afirmando que han sido agredidos por el acusado, y a una concejala del PP que, aún a sabiendas de que miente, dirá que ella lo vio todo.

Del proceso del que les hablo es el abierto hace años, tras los incidentes producidos en el pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, cuando representantes de la asociación de vecinos de Alto del Arenal desplegaron una pancarta en el momento que el portavoz vocal vecino de IU, Javier Espinosa de Pablo, preguntaba a la concejala del distrito por qué se empeñan en no autorizar el uso de un recinto de su competencia, para la celebración de las fiestas populares de la Karmela.

El pleno fué suspendido porque los vecinos no retiraron la pancarta, los vocales de IU y PSOE permanecieron sentados en el salón a modo de protesta, al salir los últimos de la sala, encontraron a la policía municipal arremetiendo violentamente contra los vecinos y vecinas que allí quedaban. Rogaron a la policía que cesara esa violencia, y el día se saldó con varios detenidos, lo que posteriormente generó acusaciones e incio de este proceso judicial del que hoy quiero hablar.

El acusado, entre otros, Javier Espinosa, histórico y silencioso militante de la izquierda madrileña, portavoz vocal vecino de Izquierda Unida en vallecas puente, que lleva toda la vida dedicada a la defensa de las causas justas, sin remuneración ni más recomensa que algunas pequeñas victorias, y el reconocimiento y apoyo de su vecindario, compañeros y amigos.

El delito; según dicen los policías y la señora Eva Durán, concejala presidenta de vallecas (PP),  ha sido  propinarle sendas patadas en la zona lumbar del cuerpo de un musculado policía, así como los suficientes puñetazos en su mandíbula como para producirle serias lesiones faciales a otro.

Y la pena que  se le pide es de un año y medio de cárcel,  inhabilitación por el mismo periodo y y una multa.

Les presento a Javier Espinosa, es el de la foto, ¿creen ustedes que éste hombre de más de 60 años, corpulento, que no fuerte, si no más bien alimentado con generosidad y disfrute del buen comer, con una altura que no debe llega al metro sesenta, es capaz  de elevar su pierna hasta el lumbar de todo unos señores policías y propinarles patadas y  puñetazos como para generarle serias lesiones? En mi opinión, estas acusaciones son evidentemente falsas, y es lamentable que este juicio siga adelante, pero así es la justicia.

En pocos meses, Javier tendrá que acudir a ese juicio, y sufrir la humillación de que alguien le pretenda enviar a la cárcel por hacer lo que siempre ha hecho, lo que es más justo, lo que deberían hacer todos los políticos, ponerse del lado de sus vecinos y vecinas. Ese día, cuando tenga que enfrentarse a esta farsa, yo estaré a su lado, y confío que muchos militantes y dirigentes de IU nos veamos all,í defendiendo no sólo a Javier, que acutaba en ese pleno como represenrtante de IU, sino a todas las personas que se manchan las manos con la política, pero no con la corrupción sino con el compromiso militante y desinteresado. De estas personas también hay muchas haciendo política.

 

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Mi abuelo es un delincuente.

El 20 de julio de 1936, un día antes de cumplir 27 años, mi abuelo pasó de ser un cerrajero militante de la CNT que se encontraba circunstancialmente en Lugo, a ser un delincuente retenido y juzgado por un delito de adhesión a la rebelión. A ojos del estado y de nuestra democracia, hoy, 75 años más tarde, sigue siendo un delincuente.

Adhesión a la rebelión es el delito que escogieron quienes se rebelaron contra la democracia legalmente constituida para acusar a quienes la defendieron, y ese es el delito que aparece en las dos sentencias que recayeron sobre él, y a las que hemos podido tener acceso tras no pocas vueltas y averiguaciones.

Los hechos, la realidad, distan mucho de ajustarse a esta tipificación. Mi abuelo estaba en Lugo en 1936 por motivos laborales, cuando los militares fascistas se levantaron en armas y las autoridades legítimas llamaron a la ciudadanía a defender la república legal y democráticamente instaurada.

Mi abuelo, Antonio Sánchez Canalejo, natural de Madrid, se unió a sus compañeros de Lugo, Sarria, y Monforte, que defendieron con  armas el hospital provincial de Lugo, del que finalmente fueron desalojados por las tropas fascistas.

Apresados por la guardia civil ingresaron en la prisión de Lugo. Fue juzgado y condenado a reclusión perpetua casi un mes después de su detención.

En enero de 1937 le trasladaron al penal del fuerte de san Cristóbal, en Navarra, donde participó y sobrevivió a la que ha sido considerada la mayor evasión de España, en la que 795 presos republicanos huyen por la puerta de la prisión. De ellos 585 fueron capturados y 207 muertos a tiros en el campo cuando trataban de llegar a Francia por el monte. Fue de nuevo juzgado por esta evasión, y acusado de auxilio a la rebelión. Le condenaron a 17 años, 4 meses y un día.

Recopilar estos datos y otros que de la biografía de mi abuelo ha sido una tarea, lenta, dura y aún inconclusa que inicio su hijo Rodolfo, mi tío, por el mero interés de conocer los detalles de una historia contada a retazos en la familia; una tarea que probablemente nunca llegará a comprender la secretaría del ministerio de justicia que nos traslada en una carta su comprensión por lo difícil de la recopilación de documentación que acompaña a la solicitud de reparación y reconocimiento.

Si el Ministerio de Justicia comprendiera algo, sabría que mi familia no quiere un papel que declara le reparación y reconocimiento personal a mi abuelo. Eso, mi abuelo lo ha tenido siempre, tanto de parte de su familia como de quienes le conocieron.

Pero la reparación  real, la  que depende del estado y no de su familia, no llegará hasta que no se anule la sentencia que aún hoy está en vigor y que declara que mi abuelo es un delincuente por defender la Ley. Hasta que este país no dé ese paso, y se anulen todas las sentencias en las que se confunde demócratas con rebeldes y víctimas con victimarios, hasta que no se deje de considerar oficialmente como delincuentes a personas como mi abuelo, hasta que no se reconozca el valor político de quienes defendieron la libertad, la Ley y la República, la reparación no estará hecha. Diga lo que diga un papel firmando por el ministro Caamaño.

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Sana discrepancia

La aparición de mi nombre en la noticia de público sobre la designación de Lara como candidato de IU a la presidencia del gobierno, me ha traído a mi cuenta de twitter y en otras vías, a algunos compañeros, interesándose por el porqué de mi posición. Siendo ésta tan buena excusa como cualquier otra para retomar la sana costumbre de expresar mis opiniones en este espacio, voy a tratar de explicar la posición que tuve en la presidencia.

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